1. Porque el perjuicio sufrido por el cálculo fraudulento en las facturas afecta a toda la ciudadanía por igual, independientemente de la adscripción política o ideológica de cada cual.
2. Porque pone en evidencia la dejadez y pasividad de los responsables municipales.
3. Porque alerta sobre los riesgos que entraña la privatización de servicios básicos.
4. Porque conciencia a la ciudadanía sobre la necesidad de vigilar las prácticas de la gestión municipal.
5. Porque ilustra sobre los beneficios de contar con una ciudadanía activa, informada, responsable y participativa.
6. Porque a nadie le gusta que le estafen, que se aprovechen de él o que abusen de su confianza.
7. Porque nadie le hace ascos –aún menos en los tiempos que corren- a la posibilidad de recuperar un dinero que le pertenece.
8. Porque perjudica la imagen de una compañía que no se ha hecho merecedora de la confianza depositada en ella.
9. Porque pese a vivir en un entorno natural el agua que pagamos y que sale por nuestros grifos es de muy baja calidad –está turbia y sabe mal-.
10. Porque todo ello no ha impedido que el ayuntamiento reincida al conceder a la misma empresa la gestión del alcantarillado, como si en lugar de un castigo mereciera un premio.
