La Plataforma Regional por la Escuela Pública denuncia que está recibiendo quejas porque algunos responsables políticos intentan boicotear la Consulta ciudadana por la educación. Este comportamiento antidemocrático, que denota el miedo que les genera el apoyo que está cosechando la consulta, será denunciado ante las instancias correspondientes.
La Plataforma Regional por la Escuela Pública denuncia que está recibiendo quejas
porque ciertos responsables políticos, que están al frente de Ayuntamientos, están
intentando boicotear la Consulta Ciudadana por la Educación, haciendo todo lo posible
para impedir que se instalen las mesas de consulta. A las comunicaciones que están
realizando los ciudadanos para poner en marcha las mesas, se están recibiendo
respuestas de todo tipo, que llegan incluso al absurdo cuando se esgrime que se
tienen que presentar seguros de Responsabilidad Civil para poner las mesas o que no
se puede responder porque se tiene mucho trabajo en el Ayuntamiento o Junta
Municipal respectiva. No existe ningún motivoque justifique una negativa municipal a
la instalación de una mesa de consulta, salvo que se ocupe la vía pública impidiendo el
paso de transeúntes o vehículos. Dichas negativas pueden y deben ser recurridas, para
lo que se debe acudir a las organizaciones promotoras de la consulta en cada territorio
y exponer el caso concreto.
También se reciben quejas porque desde la Consejería de Educación se está
presionando a equipos directivos de centros donde se han puesto en marcha las mesas
para que las quiten, a lo que se suma que algunos de ellos no necesitan recibir dichas
consignas, ya dificultan la puesta en marcha de cualquier acto democrático sin que
nadie se lo pida expresamente. Las organizaciones promotoras de la consulta ya
indicaron que las mesas se pusieran en el exterior para evitar la intervención de las
Administraciones educativas, que en el caso de la Comunidad de Madrid están en
manos del Partido Popular y que, desde hace años, muestra actitudes poco
democráticas con la Comunidad Educativa en su conjunto. No obstante, no deja de ser
sorprendente que se trate de impedir el uso de los centros públicos para que los
ciudadanos realicen un acto plenamente democrático y, sin embargo, se permitan
actos de exaltación del fascismo (como ha sucedido en Quijorna) o de ocupación por
entidades religiosas para actividades privadas (como ocurrió con la JMJ).
Todos estos actos están siendo puestos en manos de los servicios jurídicos y tendrán
respuesta legal. La Consulta Ciudadana por laEducación sigue adelante y será un éxito
a pesar de todas las actuaciones ilegales que cosecha en su contra.
Madrid, 3 de octubre de 2013 www.escuelapublica.org
