La Delegada del Gobierno ha enviado al Ayuntamiento un recordatorio del deber legal de empadronar a todos los habitantes que residen en el municipio. Este tipo de conductas pueden ser sancionadas con fuertes multas económicas, además de poder acarrear otras consecuencias.
El alcalde de Robledo de Chavela se ha negado en reiteradas ocasiones a empadronar en el municipio a personas extranjeras en situación administrativa regular que carezcan de contrato de trabajo o prestación por desempleo, violando la normativa vigente.
En marzo de 2013 esta situación fue denunciada por la asociación Andalucía Acoge. Después de nueve meses la Delegación del Gobierno en Madrid ha dado traslado de estos hechos al Instituto Nacional de Estadística para que “en el supuesto de que el Ayuntamiento se negara a practicar las inscripciones padronales […] acuda a la ejecución sustitutoria” que contemplan la Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales.
Igualmente, ha remitido un escrito al Ayuntamiento recordándole su obligación de realizar la inscripción en el padrón municipal de todas las personas que residen en el municipio.
Finalmente, asegura que estarán vigilantes ante posibles casos de desobediencia a la legislación por parte del consistorio.
La situación existente en este municipio no sólo incumple la legalidad sino que además está privando a estos ciudadanos de derechos reconocidos en nuestro Ordenamiento, como pueden ser el acceso a los servicios sociales, la escolarización o la atención sanitaria, cuestiones para las que es necesario aparecer en el padrón municipal. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, la conducta denunciada constituye uno de los supuestos de discriminación contemplados en la Ley de Extranjería, para el que se contemplan fuertes multas económicas, además de otras posibles sanciones.
La tasa de desocupación de la población de origen inmigrante supera el 38% desde hace dos años. En estas circunstancias negar el empadronamiento a los parados es una clara medida discriminadora, cargada de racismo. Esperamos que en esta ocasión el cacique robledano acate la legalidad que aún brinda cierta protección a estos ciudadanos.
Gracias por mandar estas informaciones. Muy interesante el blog.