- ¿Cómo es posible que la ampliación de Barajas se presupuestara en 1.700 millones de euros y luego costara más de 6.000 sin que nadie haya dado explicaciones?
- ¿Cómo es posible que se sigan pidiendo créditos para construir líneas de AVE (3.000 millones de euros concedió el BEI el año pasado para este fin) que se prevén ruinosas, mientras se sigue recortando en sanidad y educación?
- ¿Cómo es posible que se sigan desdoblando carreteras en autovías con unas cifras de tráfico irrisorias?
- ¿Cómo se explica que los últimos aeropuertos inaugurados sean todos deficitarios a pesar de que se declararon de interés general para darles prioridad?
España es el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas, con más kilómetros de alta velocidad, con más aeropuertos sin servicio. El país que más fondos dedica a grandes obras en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB), en contraste con los escasos fondos dedicados a atención social. La inversión insostenible en infraestructuras multimillonarias ha cristalizado en estaciones fantasma, aeropuertos vacíos, edificios públicos inutilizados.
Los “papeles” de Bárcenas, es decir, la supuesta contabilidad paralela del ex tesorero del PP, señalan también en esta dirección. La mención de nombres de empresarios que obtuvieron grandes concesiones públicas podría ser indicio de delito.
Por ello, entre otras razones, se presentará una querella contra Bárcenas, destacados miembros del PP y responsables de algunas de las grandes constructoras, impulsada por Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, la Asociación Justicia y Sociedad y la Asociación Libre de abogados.
La querella irá dirigida contra Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta, Federico Trillo, Rodrigo Rato, Pablo Crespo y Ángel Acebes por haber cometido varios presuntos delitos derivados de los pagos de empresas que aparecen en la contabilidad B del extesorero del Partido Popular.
También contra los presidentes y expresidentes de ocho constructoras que constan como presuntos donantes en esos manuscritos de Bárcenas: José Luis Sánchez Domínguez (Sando), Manuel Contreras (Azdvi), Juan Villar Mir (OHL), Luis del Rivero (Sacyr-Vallehermoso), Alfonso García (Constructora hispánica), Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa), José Mayor Oreja (FCC) y Antonio Vilella (Grupo Rubau). Según IU, si se coteja con los anuncios del BOE, algunas de estas empresas habrían realizado los supuestos pagos al PP incluso 24 horas después de haber sido las adjudicatarias de obras y servicios para la Administración Pública.
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